Desde la mal llamada “crisis de los refugiados”, que supuso, de facto, un antes y un después para las políticas en materia de migración y refugio tanto de la Unión Europea, como de los Estados miembros, las paredes del laberinto de las personas defensoras se hicieron cada vez más altas y los caminos para defender a quienes emprenden el viaje hacia una vida mejor se estrechan.

Entre 2015 y 2020, las personas defensoras han sido criminalizadas por el hecho de defender los derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional desde España hasta Bélgica, pasando por Italia, Francia o Grecia, entre otros. Sin embargo, el proceso de judicialización es solo la punta del iceberg de una maraña de dificultades más compleja que afecta al propio derecho a defender Derechos Humanos.

Desde la mal llamada “crisis de los refugiados”, que supuso, de facto, un antes y un después para las políticas en materia de migración y refugio tanto de la Unión Europea, como de los Estados miembros, las paredes del laberinto de las personas defensoras se hicieron cada vez más altas y los caminos para defender a quienes emprenden el viaje hacia una vida mejor se estrechan.

Entre 2015 y 2020, las personas defensoras han sido criminalizadas por el hecho de defender los derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional desde España hasta Bélgica, pasando por Italia, Francia o Grecia, entre otros. Sin embargo, el proceso de judicialización es solo la punta del iceberg de una maraña de dificultades más compleja que afecta al propio derecho a defender Derechos Humanos.

Las trabas en las fronteras europeas cada vez eran más duras.  Incluso, desde 2015, el desarrollo normativo, político y prácticas de Fuerzas de Seguridad de los Estados miembros ha dificultado la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos no solo en la Frontera Sur europea, sino en los países de tránsito y destino miembros de la UE.

El Sindicato de Periodistas de Andalucía y  la productora Entrefronteras denunciaron las vulneraciones del derecho a la información y a la libertad de expresión de las personas migrantes en los puertos españoles durante la Covid-19 en el informe Periodismo y migraciones: la cobertura periodística sobre los procesos migratorios en los puertos españoles durante el Estado de alarma y diversas organizaciones de derechos humanos también manifestaron  graves violaciones tanto en el mar, como en las llegadas a puerto o durante la ruta migratoria en territorio europeo.

En la frontera norte de Francia, el campamento improvisado de Calais llegó a tener en 2016 más de 10.000 personas viviendo en condiciones infrahumanas, denunciadas por autoridades internacionales y por organizaciones de derechos humanos, que también alertaron de las vulneraciones que sufrían las voluntarias y voluntarios que mostraban su solidaridad con esta población refugiada y/o migrante.

¿Cambio de foco?

En los últimos años se ha producido un cambio en el relato político, que ha permeado los medios de comunicación y, posteriormente, a la opinión pública. Si bien las personas que defendían a quienes ejercían su derecho legítimo a migrar y/o a solicitar asilo en países de la Unión Europea eran vistas como un ejemplo a seguir, la estigmatización ha generado una desconfianza que permea, agudizada por discursos racistas, xenófobos y repletos de odio.

Este cambio de rumbo del discurso en materia de migración y refugio también visibiliza otra realidad. Mientras las voluntarias y voluntarios que apoyan a las personas migrantes y refugiadas están sufriendo un proceso de criminalización, el recrudecimiento de las rutas aumenta las vulneraciones que sufre esta población en movimiento y que queda relegada a un segundo plano.

La invisibilización de la realidad migratoria es fruto, en primer lugar, de una estrategia promovida desde esferas políticas y mediáticas que se ven beneficiadas por el discurso de la otredad y, en segundo, aquellos focos que permiten ver la luz en la oscuridad de la noche migratoria se fijan más en las voluntarias y voluntarios europeos que, por ende, tienen ciertos privilegios relacionados con su nacionalidad, que con las personas extracomunitarias que desean entrar en la Unión Europea o atravesarla, en busca de una vida mejor.

Por tanto, al poner el foco en el señalamiento a las personas defensoras, quedan sin cuestionar la raíz de todo un problema como son las políticas migratorias que hacen que miles de personas se jueguen la vida tanto por mar, como por tierra, a falta de vías seguras y legales.

Criminalización ejemplarizante como desincentivo para la sociedad civil europea

Los procesos de estigmatización de la labor de las personas defensoras de migrantes y/o refugiadas, la criminalización de la solidaridad internacional y las trabas burocráticas y comunicativas de individuos y colectivos que apoyan a las personas en movimiento desincentiva a futuros miembros de la sociedad civil europea que quieran apoyar el derecho legítimo de migrar.

Penas de cárcel superiores a 10 años, fotografías personales en las portadas de los medios de comunicación, multas económicas cuantiosas, persecución en redes sociales, utilización política de los casos para generar un ambiente tóxico, dosieres policiales con información sobre las relaciones sexo-afectivas y procesos de judicialización de años con una fuerte repercusión mediática son solo algunas de las agresiones a las que han tenido que hacer frente a las personas defensoras criminalizadas en Europa por defender el derecho a la vida y a migrar.

Si bien los valores fundacionales de la Unión Europea no solo respetan estos derechos, también contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales Y Culturales, la realidad es que la multiplicidad de políticas migratorias y de asilo de los Estados miembros y el endurecimiento del aparato normativo, llegando incluso a aplicar la legislación antimafia a barcos de rescate, dificulta la labor de las personas defensoras de derechos humanos y desincentiva esta labor en la sociedad europea.

Sitiadas en el laberinto

¿Cómo se construye este laberinto? ¿Existen patrones de criminalización de las voluntarias y voluntarios que protegen los derechos de las personas en movimiento? ¿Cuáles son las consecuencias para las personas defensoras y para sus familias? ¿Cómo afecta a su solidaridad? ¿Cuál es la responsabilidad de los Estados?

En 2021, la Organización Internacional contra la Tortura publicó el informe Europa: Cerco a la solidaridad, en el que aludía a tres patrones que se repetían en la criminalización de las personas defensoras de la población que trata de migrar a Europa a través de vías que no son seguras, ni regulares, como consecuencia de las políticas migratorias y el cierre de fronteras:

• En primer lugar, se promueve un ambiente tóxico hacia su labor, que estigmatizaba no solo su actuación, sino que podía llegar a convertirse en ataques directos hacia individuos concretos, sus familiares y/o sus colectivos u organizaciones.

• Sobre esta estigmatización se asienta la judicialización de los casos en el Estado de la Unión Europea de donde es oriunda la voluntaria o el voluntario, llegando incluso a incentivar procedimientos judiciales en terceros países.

• Por último, la solidaridad internacional es dificultada por trámites burocráticos y de comunicación que entorpece la labor de defensa de los derechos de las personas migrantes y/o refugiadas, ya que los numerosos cambios en la normativa mantienen entretenidas a las personas defensoras en labores de gestión alejadas de su verdadera labor: salvar vidas y defender el derecho a migrar.

La acusación de tráfico de personas, en algunos casos con el agravante de riesgo fundado a sus vidas, es una constante en la criminalización de las personas defensoras. De España a Bélgica pasando por Italia, casos como el de Helena Maleno, Anouk Van Gestel o Kathrin Schmidt demuestran cómo la labor de defensoría por razones humanitarias viene acompañada de un proceso judicial que, en algunos casos, adquiere tintes caricaturescos.

En agosto de 2017, siete agentes con chalecos antibalas irrumpieron en la casa de Anouk Van Gestel, la defensora belga que días antes había alojado en su casa a Moha, un menor subsahariano que se encontraba en situación de calle en el parque bruselense de Maximilien. Si bien la legislación belga no criminaliza la solidaridad sin fines de lucro, el caso de la periodista y el de otras tres personas que acogían en sus casas a población en movimiento y nueve migrantes fue utilizado políticamente por la extremaderecha, tal como denunció su abogado en sede judicial.

No es el único caso. Desde agosto de 2017, cuando el barco de Iuventa quedó varado en un puerto de Trápani a la espera de que el proceso judicial contra la tripulación del mismo comenzase por tráfico de personas, hasta que en diciembre de 2021 el equipo judicial tuvo acceso a las acusaciones de 4 miembros de la tripulación, entre las que se encuentra Kathrin Schmidt, la indefensión ha sido denunciada por estos defensores, incapaces de utilizar su embarcación, que quedó al antojo de las inclemencias del tiempo desde entonces.

En la actualidad, Kathrin forma parte de otra embarcación de rescate de personas en el mar Mediterráneo, desplazándose desde Burriana, una pequeña localidad costera de España a Turquía, para continuar con su labor de rescate. Ella es consciente de sus privilegios. “No quiero pensar en esto porque nos acusan por tener el pasaporte que tenemos, en mi caso alemán. Los verdaderos protagonistas y de los que no estamos hablando son de las personas que quieren salvar sus vidas y sufren vulneraciones de derechos tanto en el mar como cuando llegan a Europa o Turquía”, denuncia la defensora desde el puerto en el que esperan barcos de rescate con diversas banderas europeas, como Open Arms, Sea Watch o Louise Michel, del que actualmente forma parte de la tripulación.

En el caso de Kathrin y de las otras tres personas miembros de la tripulación del Iuventa, la aplicación de la ley antimafia ha causado un fuerte revuelo en Italia. “Este caso tiene características específicas al ser probablemente el primero que se ha abierto en Italia contra organizaciones de rescate en el Mediterráneo y el último que se va a resolver, con una dificultad enorme puesto que el nivel de interceptaciones ha sido amplísimo, no se estaba garantizando el derecho de traducción de la documentación a personas judicializadas que no son italianas y la aplicación de la legislación antimafia, que para la opinión pública italiana es de gran sensibilidad”, reconoce Francesca Cancellaro, una de las abogadas del caso desde Bolonia.

3. Trabas burocráticas y en las comunicaciones

¿Cómo salvar vidas enterradas entre una montaña de papeles? ¿Cuántos permisos se necesitan para que un barco de rescate pueda buscar a personas a la deriva en embarcaciones precarias en el Mediterráneo? ¿Se pueden defender los derechos de los migrantes desde el exilio? El tercer y último patrón relacionado con la criminalización de la solidaridad con la población migrante y refugiada en Europa tiene que ver con un maremágnum de requisitos burocráticos y en las comunicaciones que ha ido incrementándose en los últimos años.

Si bien el principio de confianza reina en la mayor parte de instituciones de la Unión Europea, con el endurecimiento de los dos últimos patrones, la desconfianza ha permeado las gestiones que personas individuales y colectivas que apoyan a la población migrante y refugiada han tenido que ir realizando. Eso significa tiempo y dinero.

Más personal para hacer los trámites que antes se hacían de manera inmediata o en muy poco tiempo y que ahora se retrasan por la inacción de las instituciones o por una clara voluntad política y administrativa de retraso en los procedimientos. Y mientras las solicitudes de permisos se acumulan en las oficinas de los distintos ejecutivos, ya sean locales, nacionales o regionales, las personas que están en tránsito siguen sufriendo vulneraciones de derechos humanos, llegando incluso a morir en aguas del Mediterráneo.

Además de las trabas burocráticas y del acceso a la información, por ejemplo, con la lentitud en las traducciones de los dossieres judiciales y otra documentación, diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado las vulneraciones en el derecho a las comunicaciones de las personas defensoras. Estas pueden desarrollarse de diversa manera. Por ejemplo, por medio de interceptaciones de sus comunicaciones privadas o por la ausencia de respuesta frente a peticiones específicas, como la obligación de salvar vidas por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de salvamento marítimo de los países miembros de la Unión.