Judicialización de los casos

“España no ha sentado en el banquillo a ninguna persona defensora de derechos humanos”, decía el europarlamentario socialista Juan Fernándo López Aguilar desde su despacho en Estrasburgo. Sin embargo, la Audiencia Nacional no solo archivó la causa en 2016, enviando cuatro dosieres elaborados por la UCRIF del Cuerpo Nacional de Policía de España a Marruecos, sino que este país la acusó de “tráfico de personas y favorecimiento de la migración ilegal” en 2017 por sus llamadas a los servicios de rescate, activándose el caso dos años después. Más allá de la estigmatización y el dolor causado por el juicio, esta investigación podría haber dado lugar a la condena perpetua de la defensora española fuera de la Unión Europea.

La acusación de tráfico de personas, en algunos casos con el agravante de riesgo fundado a sus vidas, es una constante en la criminalización de las personas defensoras. De España a Bélgica pasando por Italia, casos como el de Helena Maleno, Anouk Gerder o Katrin Schmidt demuestran cómo la labor de defensoría por razones humanitarias viene acompañada de un proceso judicial que, en algunos casos, adquiere tintes caricaturescos.

En agosto de 2017, siete agentes con chalecos antibalas irrumpieron en la casa de Anouk Van Gestel, la defensora belga que días antes había alojado en su casa a Moha, un menor subsahariano que se encontraba en situación de calle en el parque bruselense de Maximilien. Si bien la legislación belga no criminaliza la solidaridad sin fines de lucro, el caso de la periodista y el de otras tres personas que acogían en sus casas a población en movimiento y nueve migrantes fue utilizado políticamente por la extremaderecha, tal como denunció su abogado en sede judicial. 

No es el único caso. Desde agosto de 2017, cuando el barco de Iuventa quedó varado en un puerto de Trápani a la espera de que el proceso judicial contra la tripulación del mismo comenzase por tráfico de personas, hasta que en diciembre de 2021 el equipo judicial tuvo acceso a las acusaciones de 4 miembros de la tripulación, entre las que se encuentra Katrin Schmidt, la indefensión ha sido denunciada por estos defensores, incapaces de utilizar su embarcación, que quedó al antojo de las inclemencias del tiempo desde entonces.

En la actualidad, Katrin forma parte de otra embarcación de rescate de personas en el mar Mediterráneo, desplazándose desde Burriana, una pequeña localidad costera de España a Turquía, para continuar con su labor de rescate. Ella es consciente de sus privilegios. “No quiero pensar en esto porque nos acusan por tener el pasaporte que tenemos, en mi caso alemán. Los verdaderos protagonistas y de los que no estamos hablando son de las personas que quieren salvar sus vidas y sufren vulneraciones de derechos tanto en el mar como cuando llegan a Europa o Turquía”, denuncia la defensora desde el puerto en el que esperan barcos de rescate con diversas banderas europeas, como Open Arms, Sea Watch o Louise Michel, del que actualmente forma parte de la tripulación.

En el caso de Katrin y de las otras tres personas miembros de la tripulación del Iuventa, la aplicación de la ley antimafia ha causado un fuerte revuelo en Italia. “Este caso tiene características específicas al ser probablemente el primero que se ha abierto en Italia contra organizaciones de rescate en el Mediterráneo y el último que se va a resolver, con una dificultad enorme puesto que el nivel de interceptaciones ha sido amplísimo, no se estaba garantizando el derecho de traducción de la documentación a personas judicializadas que no son italianas y la aplicación de la legislación antimafia, que para la opinión pública italiana es de gran sensibilidad”, reconoce Francesca Cancellaro, una de las abogadas del caso desde Bolonia.