Hace frío y no deja de llover. Como muchas noches de 2018, Anouk Van Gestel (Amberes, 1956) forma parte del grupo de voluntariado que reparte comida y agua a las personas en movimiento que se concentran en los parques de Bruselas, esperando su momento para continuar su camino hacia Reino Unido.

En su mayoría, son jóvenes subsaharianos que ya están cansados de un viaje demasiado largo. Han atravesado África, el estrecho y España o han entrado en Europa dejando atrás Túnez, Argelia o Libia, llegando a Italia y después a Francia, donde su situación empeoró con el cierre del campamento provisional de Calais en 2016 y viéndose obligados a modificar su recorrido, terminando en un frío parque belga: el Parc Maximilien.

Una más en el lazo de solidaridad

Anouk Van Gestel era simplemente un eslabón más de esta cadena de apoyo mutuo entre la población civil belga y la población migrante y refugiada en el parque Maximilien de esta ciudad. “No iba al parque todos los días, sino solo cuando se necesitaba y había que acoger en nuestras casas a las personas que estaban allí”, declara Anouk, quien conoce bien el flujo migratorio y las consecuencias del abandono de las instituciones.

“Esos chicos vienen de Calais a Bruselas sin nada, por lo que nos organizamos para ayudarles”, reconoce con una sonrisa orgullosa que le ilumina toda la cara. “Queríamos hacerles ver que no todos los belgas somos racistas y xenófobos” argumenta. Las noches que hacía mucho frío, como esa en la que pasó todo, Anouk y otros voluntarios ofrecían sus casas a las personas en movimiento para que no durmiesen a la intemperie.

Un error que lo cambió todo

“Cometí solo un error”, reconoce la periodista belga. En otoño de 2017, Anouk se ofreció a hospedar a Moha, un joven subsahariano que conoció en el Parque Maximilien. Él deseaba una vida mejor junto con su familia y amigos en Reino Unido por lo que, tras varias conversaciones, decidió llamar a su amiga Miriam Berghe, también periodista y acusada de los mismos delitos. El teléfono de la también periodista estaba pinchado por la policía. Tras esa llamada, los hechos se desencadenaron la madrugada del 20 de octubre de 2017 como una película de acción. O como una pesadilla.

A las seis de la mañana, siete policías armados y equipados con chalecos antibalas, irrumpieron en su casa y la llevaron a la comisaría de Dendermonde, según recuerda, aún con el susto en el cuerpo, la periodista. Han pasado más de cuatro años, pero su cara se ensombrece al recordar el episodio con las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Preocupada tras este episodio, la defensora de derechos humanos acudió a Alexis Deswaef, uno de los abogados belgas más conocidos, vicepresidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos.

Junto con Anouk, otras tres personas anfitrionas fueron acusadas de tráfico de personas por el simple hecho de hospedar a migrantes en situación administrativa irregular, sufriendo un proceso de cuatro años de judicialización que llevó a dos de ellos a estar en prisión.

Cinco horas con la policía

Anouk no tenía nada que ocultar, pero se enfrentaba a una condena que podía ascender hasta los 10 años de cárcel. Se personó ante la policía belga en Dendermonde, una pequeña localidad ubicada en la provincia del Flandes Oriental. “Nunca me imaginé lo que iba a pasar”, recuerda la periodista. En las cinco horas que duró el interrogatorio, Anouk fue consciente de la gravedad de las acusaciones de tráfico de personas, con el agravante de haber puesto en peligro sus vidas.

Auxiliar a un inmigrante por causas humanitarias está contemplado en la legislación belga. “En Bélgica puedes ayudar a mayores de edad sin ningún problema, pero todo se complica al ser menores”, reconoce la periodista, quien no sabía que la persona a la que había acogido en su casa tenía menos de 18 años. “Me estaban acusando de tráfico de personas, al haber llamado a Miriam preguntando por las posibilidades de que Moha accediese a Reino Unido”, explica, “no me lo podía creer”.

Los minutos pasaron lentamente y, al mismo tiempo, de manera frenética para Anouk. “Me hicieron todo tipo de preguntas para que reconociese unos hechos que no había cometido”, examina la periodista. “Cuando me explicó lo que había pasado no me lo pude creer”, afirma su abogado, que en ese momento fue consciente de la gravedad de la situación.

En Bélgica, donde no existe ningún tipo penal relacionado con la solidaridad hacia la población migrante, esta criminalización podría sentar un precedente al demandar a la ciudadanía por haber ayudado y protegido a la población migrante, frente a políticas represivas y violentas.

Un juicio político y cuatro años judicializada

Mientras explica la judicialización de su clienta, Alexis Deswaef coloca su mano derecha sobre el dossier de Anouk, que ha sacado previamente de una pila de informes que yacen sobre el escritorio de su despacho, junto a la conocida estación de metro de Madou en Bruselas. El despacho del abogado está pintado de granate y el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos destaca en blanco sobre el fondo colorado:

“Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits”

“Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos”

La entrada en el país de Moha por vía terrestre desde Francia suponía que el juicio contra las once personas (siete migrantes y cuatro voluntarias) se desarrollaría en la parte valona de Bélgica. Además de Anouk, los otros tres miembros de la plataforma ciudadana criminalizados eran Myriam Berghe, la periodista de Femmes d’Aujourd’hui (Mujeres de hoy); la trabajadora social con doble nacionalidad belga y marroquí Zakia S. y Wahlid, tunecina residente en Bélgica desde los 17 años. 

“Era fundamental que el juicio se trasladase a Bruselas, donde la mentalidad es más abierta”, detalla el abogado, quien tuvo un fuerte enfrentamiento con el tribunal durante el proceso. Para ello, el abogado defensor aludió al derecho de las investigadas de que el juicio se produjese en su idioma, el francés. “El momento más tenso de toda la vista fue cuando increpé al tribunal aludiendo a la posibilidad de que esto fuese un juicio político”, reconoce Deswaef, quien no muestra su crispación hasta este momento de la conversación.

“Puede que la gente que no sea belga no entienda lo que significaba que el proceso se produjese en la parte valona: ha habido un fuerte proceso de derechización de esa parte del país y las migraciones han sido utilizadas como parte de la agenda política”, argumenta el abogado de Van Gestel.

Según el letrado, “Anouk es muy conocida por el público belga, por lo que temíamos que su caso fuese utilizado como un ejemplo para el resto de personas defensoras de derechos humanos de la población migrante”. La instrumentalización del juicio con fines políticos, socavando el principio democrático de la separación de poderes ha sido denunciada por diversas organizaciones de derechos humanos, al igual que el tratamiento desigual de los expedientes de las personas imputadas, lo que demostraría el oportunismo político de criminalización de la solidaridad con las personas migrantes en Bélgica.

Desde su nombramiento en 2014, el ministro ultraderechista Theo Francken, perteneciente a la Nueva Alianza Flamenca (NVA por siglas en holandés), ha promovido tanto un discurso antimigración como de estigmatización de las organizaciones y colectivos de solidaridad con las personas en movimiento, incumpliendo sus obligaciones legales tanto a nivel internacional como nacional. Como signatario del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra, el Estado belga tiene la obligación de garantizar el derecho a migrar y proteger a las personas en movimiento.

Hace frío y no deja de llover. Como muchas noches de 2018, Anouk Van Gestel (Amberes, 1956) forma parte del grupo de voluntariado que reparte comida y agua a las personas en movimiento que se concentran en los parques de Bruselas, esperando su momento para continuar su camino hacia Reino Unido.

En su mayoría, son jóvenes subsaharianos que ya están cansados de un viaje demasiado largo. Han atravesado África, el estrecho y España o han entrado en Europa dejando atrás Túnez, Argelia o Libia, llegando a Italia y después a Francia, donde su situación empeoró con el cierre del campamento provisional de Calais en 2016 y viéndose obligados a modificar su recorrido, terminando en un frío parque belga: el Parc Maximilien.

Una más en el lazo de solidaridad

Anouk Van Gestel era simplemente un eslabón más de esta cadena de apoyo mutuo entre la población civil belga y la población migrante y refugiada en el parque Maximilien de esta ciudad. “No iba al parque todos los días, sino solo cuando se necesitaba y había que acoger en nuestras casas a las personas que estaban allí”, declara Anouk, quien conoce bien el flujo migratorio y las consecuencias del abandono de las instituciones.

“Esos chicos vienen de Calais a Bruselas sin nada, por lo que nos organizamos para ayudarles”, reconoce con una sonrisa orgullosa que le ilumina toda la cara. “Queríamos hacerles ver que no todos los belgas somos racistas y xenófobos” argumenta. Las noches que hacía mucho frío, como esa en la que pasó todo, Anouk y otros voluntarios ofrecían sus casas a las personas en movimiento para que no durmiesen a la intemperie.

Un error que lo cambió todo

“Cometí solo un error”, reconoce la periodista belga. En otoño de 2017, Anouk se ofreció a hospedar a Moha, un joven subsahariano que conoció en el Parque Maximilien. Él deseaba una vida mejor junto con su familia y amigos en Reino Unido por lo que, tras varias conversaciones, decidió llamar a su amiga Miriam Berghe, también periodista y acusada de los mismos delitos. El teléfono de la también periodista estaba pinchado por la policía. Tras esa llamada, los hechos se desencadenaron la madrugada del 20 de octubre de 2017 como una película de acción. O como una pesadilla.

A las seis de la mañana, siete policías armados y equipados con chalecos antibalas, irrumpieron en su casa y la llevaron a la comisaría de Dendermonde, según recuerda, aún con el susto en el cuerpo, la periodista. Han pasado más de cuatro años, pero su cara se ensombrece al recordar el episodio con las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Preocupada tras este episodio, la defensora de derechos humanos acudió a Alexis Deswaef, uno de los abogados belgas más conocidos, vicepresidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos.
Junto con Anouk, otras tres personas anfitrionas fueron acusadas de tráfico de personas por el simple hecho de hospedar a migrantes en situación administrativa irregular, sufriendo un proceso de cuatro años de judicialización que llevó a dos de ellos a estar en prisión.

Cinco horas con la policía

Anouk no tenía nada que ocultar, pero se enfrentaba a una condena que podía ascender hasta los 10 años de cárcel. Se personó ante la policía belga en Dendermonde, una pequeña localidad ubicada en la provincia del Flandes Oriental. “Nunca me imaginé lo que iba a pasar”, recuerda la periodista. En las cinco horas que duró el interrogatorio, Anouk fue consciente de la gravedad de las acusaciones de tráfico de personas, con el agravante de haber puesto en peligro sus vidas.

Auxiliar a un inmigrante por causas humanitarias está contemplado en la legislación belga. “En Bélgica puedes ayudar a mayores de edad sin ningún problema, pero todo se complica al ser menores”, reconoce la periodista, quien no sabía que la persona a la que había acogido en su casa tenía menos de 18 años. “Me estaban acusando de tráfico de personas, al haber llamado a Miriam preguntando por las posibilidades de que Moha accediese a Reino Unido”, explica, “no me lo podía creer”.

Los minutos pasaron lentamente y, al mismo tiempo, de manera frenética para Anouk. “Me hicieron todo tipo de preguntas para que reconociese unos hechos que no había cometido”, examina la periodista. “Cuando me explicó lo que había pasado no me lo pude creer”, afirma su abogado, que en ese momento fue consciente de la gravedad de la situación.

En Bélgica, donde no existe ningún tipo penal relacionado con la solidaridad hacia la población migrante, esta criminalización podría sentar un precedente al demandar a la ciudadanía por haber ayudado y protegido a la población migrante, frente a políticas represivas y violentas.

Un juicio político y cuatro años judicializada

Mientras explica la judicialización de su clienta, Alexis Deswaef coloca su mano derecha sobre el dossier de Anouk, que ha sacado previamente de una pila de informes que yacen sobre el escritorio de su despacho, junto a la conocida estación de metro de Madou en Bruselas. El despacho del abogado está pintado de granate y el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos destaca en blanco sobre el fondo colorado:

“Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits”

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”

(Naciones Unidas, 1948)

La entrada en el país de Moha por vía terrestre desde Francia suponía que el juicio contra las once personas (siete migrantes y cuatro voluntarias) se desarrollaría en la parte valona de Bélgica. Además de Anouk, los otros tres miembros de la plataforma ciudadana criminalizados eran Myriam Berghe, la periodista de Femmes d’Aujourd’hui (Mujeres de hoy); la trabajadora social con doble nacionalidad belga y marroquí Zakia S. y Wahlid, tunecina residente en Bélgica desde los 17 años. 

“Era fundamental que el juicio se trasladase a Bruselas, donde la mentalidad es más abierta”, detalla el abogado, quien tuvo un fuerte enfrentamiento con el tribunal durante el proceso. Para ello, el abogado defensor aludió al derecho de las investigadas de que el juicio se produjese en su idioma, el francés. «El momento más tenso de toda la vista fue cuando increpé al tribunal aludiendo a la posibilidad de que esto fuese un juicio político”, reconoce Deswaef, quien no muestra su crispación hasta este momento de la conversación.

“Puede que la gente que no sea belga no entienda lo que significaba que el proceso se produjese en la parte valona: ha habido un fuerte proceso de derechización de esa parte del país y las migraciones han sido utilizadas como parte de la agenda política», argumenta el abogado de Van Gestel.

Según el letrado, “Anouk es muy conocida por el público belga, por lo que temíamos que su caso fuese utilizado como un ejemplo para el resto de personas defensoras de derechos humanos de la población migrante”. La instrumentalización del juicio con fines políticos, socavando el principio democrático de la separación de poderes ha sido denunciada por diversas organizaciones de derechos humanos, al igual que el tratamiento desigual de los expedientes de las personas imputadas, lo que demostraría el oportunismo político de criminalización de la solidaridad con las personas migrantes en Bélgica.

Desde su nombramiento en 2014, el ministro ultraderechista Theo Francken, perteneciente a la Nueva Alianza Flamenca (NVA por siglas en holandés), ha promovido tanto un discurso antimigración como de estigmatización de las organizaciones y colectivos de solidaridad con las personas en movimiento, incumpliendo sus obligaciones legales tanto a nivel internacional como nacional. Como signatario del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra, el Estado belga tiene la obligación de garantizar el derecho a migrar y proteger a las personas en movimiento.

​Sesgos racistas en el proceso judicial

Las primeras audiencias se produjeron en noviembre de 2018. Si bien los cuatro anfitriones, entre los que se encontraba Anouk, fueron absueltos y las personas migrantes detenidas fueron condenadas y penas de prisión suspendidas, ya que habían estado sujetas a prisión preventiva, un octavo migrante tuvo una condena en firme. La alegría no duró ni tres meses.

En enero de 2019, el Ministerio Público belga decidió recurrir la sentencia, judicializando de nuevo la solidaridad hacia la población migrante y postergando la decisión judicial definitiva hasta el 26 de mayo de 2021, donde una nueva sentencia confirmando la absolución y ratificando que alojar a población migrante no es un delito en Bélgica.

Durante el proceso, diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron un tratamiento discriminatorio en el trato judicial a las personas involucradas, en función de su origen y nacionalidad:

Consecuencias de la criminalización

Si bien el 26 de mayo de 2021 el Tribunal de Apelaciones de Bruselas absolvió a las cuatro defensoras de derechos humanos y dictó sentencias reducidas para las personas migrantes, acusadas de trata de seres humanos, la vida de Anouk ha cambiado radicalmente desde 2018.

“Decidí dejar Marie Claire”, reconoce con la cabeza alta la que fuera la redactora jefa de la edición belga. “No sufrí ningún tipo de presión, pero era consciente de que el proceso de criminalización afectaba a mi reputación y a la del medio, por lo que preferí irme”, afirma la periodista en el comedor de su restaurante.

Antes de la pandemia, Anouk decidió abrir Al&Greta, un pequeño establecimiento en la Avenida del Hipódromo, en el barrio de bruselense de Ixelles. En él, dos o tres personas solicitantes de asilo comenzarían a trabajar como camareros y cocineros, continuando con esa solidaridad que la llevó al parque Maximilien aquella noche de 2018.

Pero llegó la pandemia y, con ella, el confinamiento. “Intentamos hacer todo lo posible para mantener el restaurante, pero las facturas seguían llegando y no había ningún ingreso, por lo que solo era un lugar donde invertir todos los ahorros”, dice apenada la emprendedora, que en la actualidad está vendiendo el mobiliario y el menaje del establecimiento.

​El mejor cappuccino

Anouk revolotea por el restaurante mientras un goteo de personas entran para preguntar por algunos objetos en venta y por el futuro de los trabajadores. Mientras tanto, Hamada, un solicitante de asilo sirio prepara “el mejor cappuccino de Bruselas”, como bromea Anouk.

Él, como Moha, llegó a Bélgica huyendo de la guerra, en este caso de Siria. Su hermana se encuentra en Jordania y, si le conceden el visado, en las próximas semanas irá a visitarla. Hace cuatro años que no la ve, los mismos que ha durado su tránsito. Este estudiante de Ciencia Política llegó a Bélgica sin hablar una palabra de francés, ni saber cocinar y ahora va a trabajar en un bar de la ciudad.

“Anouk me ha ayudado mucho. Llegué y me ofrecieron quedarme en su casa y, desde entonces, he regularizado mi situación, aprendido el idioma y conseguido trabajar en el restaurante y, con el cierre, en el bar”, explica orgulloso mientras esperamos unas patas fritas típicas del país.

Junto a él, un profesor de Geografía de un instituto belga explica que Hamada ha participado en varias actividades en su centro formativo, contando su situación y cocinando platos típicos sirios, que permiten a las adolescentes tener otra aproximación a la realidad en un país en guerra desde 2011.

Anouk y Hamada volverán al instituto en las próximas semanas. Con la disminución de los contagios por Covid-19, las actividades extracurriculares regresan a las aulas y, a través del relato del sirio y la belga, se mostrará a la juventud el verdadero significado de la solidaridad internacional.