Trabajar en red es la mejor estrategia para combatir el achicamiento del espacio público en la Unión Europea para Teresa Fernández Paredes, asesora de derechos humanos de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). Al hablar de los obstáculos que encuentran activistas y colectivos para desarrollar su labor, ensancha los codos en señal de liberación en un espacio cada vez más reducido. Esto es consecuencia de una Europa fortaleza, donde la securitización y los discursos del odio promueven el auge de los fascismos en los Estados miembros, mientras se persigue a las personas que practican la solidaridad y que defienden los derechos humanos.

Fernández Paredes (Oviedo, 1984) describe con esmero los patrones de criminalización de la solidaridad en Europa analizados  en una investigación elaborada por el Observatorio para la protección de las personas defensoras de derechos humanos (OBS, por sus siglas en inglés). Como resultado, el informe Europa: Cerco a la Solidaridad demuestra el aumento de los ataques a las organizaciones y activistas de derechos humanos, en un contexto de muerte en el mar Mediterráneo, donde más de 25.300 personas han desaparecido desde 2014, según la Organización Internacional de las Migraciones.

¿Cuáles son los principales patrones de criminalización en Europa?

Existen tres patrones claros que hemos identificado a través de un estudio en distintos países de la Unión Europea y que se repiten siempre. El proceso comienza con una demonización de las personas migrantes y, por ende, de aquellas que defienden sus derechos. Se pasa luego a las trabas administrativas y otro tipo de obstáculos que les impiden ejercer su labor. Y, muchas veces, eso termina en su persecución penal, multas al ejercicio de su trabajo, etc., con el consiguiente impacto psicológico que conlleva y, con ese efecto de no saber si dejar de defender los derechos humanos. Sobre todo, cuando simplemente son ciudadanos y ciudadanas que muestran su solidaridad ante una situación dramática como la que hemos visto en Europa en los últimos años.

En el informe del Observatorio, entidad creada por la OMCT y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) en 1997, se hace referencia al paquete de medidas sobre migración y asilo de la Unión Europea. ¿Por qué denuncia que no existe una protección específica de los actos humanitarios?

No existe actualmente ningún tipo de protección de los actos humanitarios en el marco normativo europeo, ni a nivel nacional. Observamos una falta muy clara de enfoque de derechos humanos que ponga en el centro a las personas migrantes y no la persecución del crimen de tráfico de personas. Estamos ante la Europa fortaleza, cerrados frente al otro.

Todas las políticas están enfocadas en torno a este marco que es totalmente dañino, tanto por todas las vidas que se están perdiendo, como por todos los derechos humanos que se están vulnerando día tras día en Europa.

El beneficio, ya sea financiero o material, es uno de los conceptos relacionados con la criminalización de personas defensoras de la población migrante cuando se las acusa de tráfico de personas. ¿Qué significa exactamente?

La OMCT ha visto que la normativa europea falla al no obligar a los Estados europeos a diferenciar claramente cuando se está ante una acción humanitaria o una acción relacionada con lazos familiares cercanos y cuando se está ante un delito como es el tráfico de migrantes que, por supuesto, es muy grave y hay que establecer medidas para atacarlo.

¿Qué pasa con la Directiva de facilitación de la Unión Europea? Solamente recomienda a los Estados que, si así lo deciden, incluyan una excepción humanitaria. No debería ser así, sino que, claramente, la normativa europea debería exigir a los Estados que, en su regulación, tengan en cuenta que las causas humanitarias y/o familiares no deben de estar criminalizadas en ningún caso. Hay muchas personas que ayudan a otros miembros de sus familias y no deberían ser perseguidas por ello.

¿Cómo debería ser esta cláusula? Debería tener en cuenta esa perspectiva de derechos humanos, que siempre mencionamos y que es clave: poner en el centro de toda medida a las personas y tener en cuenta su vulnerabilidad, la situación en la que se pueden encontrar.

Desde 2017, el barco de salvamento Iuventa está retenido en el puerto de Trapani. Ninguno de los diez miembros de la tripulación judicializados supo hasta diciembre de 2021 los cargos que se le imputaba, ni tuvo acceso al dossier, de más de 28.500 páginas, con las supuestas pruebas en su contra. ¿Por qué es tan preocupante este caso para la OMCT?

Otro de los patrones que hemos identificado es que ya no se acude tanto a la persecución penal. Se han puesto en marcha otras estrategias que buscan obstaculizar la labor de organizaciones que trabajan por defender los derechos de las personas migrantes.

Un ejemplo muy claro son los obstáculos que organizaciones como Iuventa, Sea Watch… y el resto de organizaciones de rescate de carácter civil han tenido en diferentes países como Italia, España y en otros lugares del Mediterráneo e incluso del océano Atlántico, en el caso de la ruta de las Canarias.

Estamos viendo cómo, a través de discursos relacionados con la seguridad de los barcos, que no cumplen con las distintas regulaciones, se consigue que esas organizaciones se queden varadas y no puedan salir al mar. Además, es una estrategia que no genera una respuesta por parte de la sociedad civil, al no ver un barco con montón de personas en una situación de vulnerabilidad que no puede llegar a puerto. Estas imágenes están relacionadas con la fibra sensible de la sociedad, pese a los discursos de odio, las noticias falsas y la desinformación sobre migración. Sin embargo, la realidad es que no se les está permitiendo desarrollar su trabajo durante meses.

¿Barcos de rescate como Open Arms, Sea Watch o Iuventa y sus tripulaciones son los únicos en sufrir este tipo de obstáculos o habéis identificado otros casos?

Por desgracia, no son los únicos. En Francia se impidió dar comida en las zonas de paso a Inglaterra, por ejemplo. Otros de los obstáculos que hemos identificado son impuestos abusivos en el caso de entidades que trabajan en la defensa de los migrantes o registros imposibles, por ejemplo, en Grecia, donde la normativa cambia cada día y las organizaciones locales no pueden seguir el ritmo. Leyes como las desarrolladas en Hungría… Es una batería de medidas que están destinadas a atacar requisitos administrativos con pretextos varios, como la Covid-19, que les ha dado una oportunidad muy buena para excusarse en temas de salud pública.

Desde la OMTC estamos monitoreando estos casos para poder darles seguimiento y denunciar que estas organizaciones tienen el derecho a salvar vidas, sin perjuicio de exigir que es un deber de los Estados. Los Estados tienen la obligación de garantizar que, si una persona está en peligro en el mar o en la montaña, le tiene que salvar la vida. El asunto que estamos viendo es que los Estados ni hacen, ni dejan hacer y es un problema muy grave con repercusiones directas en la vida de la gente.

El caso de la investigadora y periodista Helena Maleno representó un antes y un después en la criminalización de personas defensoras en España. Además, es una muestra de la cooperación judicial europea con terceros países, como Marruecos, donde residía desde hacía 15 años antes de que fuera deportada el 31 de enero de 2021. ¿Qué ha desvelado la investigación de la OMCT sobre su criminalización?

La OMCT considera que la defensora Helena Maleno es uno de los ejemplos claros de criminalización de la solidaridad en Europa. No es el único, desafortunadamente, hay muchos más.

En su caso, vemos ese afán de los Estados europeos de frenar todas las acciones por el derecho a la vida y cómo todo su interés se centra en la securitización de las fronteras, en crear muros y en impedir que las personas entren. Mujeres, como Helena Maleno, que hacen un trabajo vital en la Frontera Sur europea para garantizar que esas personas puedan detentar sus derechos y ejercerlos libremente han sido estigmatizadas, amenazadas y, finalmente, criminalizadas sin que nadie de las autoridades españolas o europeas hiciese nada al respecto.

Es un caso muy conocido, que casi todas hemos escuchado hablar y no ha habido una voz contundente por parte de las autoridades diciendo que lo que ha pasado es una criminalización clara por su trabajo defendiendo la vida y eso no se puede permitir, ni a nivel europeo, ni a nivel nacional.

Estos procesos de persecución de la solidaridad están suponiendo un achicamiento del espacio de la sociedad civil en la Unión Europea. ¿Cómo se pueden establecer estrategias de resistencia frente a este clima de criminalización?

Todos estos patrones hay que entenderlos en un contexto de reducción progresiva del espacio público en Europa, de restricción de la capacidad de las organizaciones para salir y defender derechos. No es únicamente el caso de las entidades que defienden a la población migrante, sino en general. Especialmente tiene un impacto grave en aquellas que protegen a sectores tradicionalmente excluidos o en situaciones de mayor vulnerabilidad, y ese es el caso de las personas migrantes. Entender la situación desde este prisma nos ayuda a ver un síntoma claro de debilitamiento del Estado de derecho y de todos los valores que la Unión Europea pretende defender a capa y espada: la solidaridad, la igualdad, la tolerancia, etc.

Es muy importante seguir implementando redes para mantener ese espacio cívico y, en la medida de lo posible, las organizaciones como la OMTC, que también hacemos incidencia institucional, seguir presionando para entender que esa reducción del espacio cívico va en contra de los valores fundacionales de la UE y que no se puede permitir. Es difícil emprender medidas y no hay soluciones fáciles, pero es un trabajo conjunto: entre todas juntas se pueden conseguir cambios y seguir luchando para mantener ese espacio.