Helena Maleno (El Ejido, 1970) quería llegar a casa y descansar aquel sábado. Al saber que el viento arreciaba en Tánger, la ciudad donde residía desde hacía 15 años, se proyectaba en el sofá de su salón, descansando junto a su hija tras un viaje de trabajo. Sin embargo, esa expectativa se truncó en el aeropuerto.

El 23 enero de 2021 fue deportada al llegar a Marruecos, forzada a entrar en un avión sin saber su destino, sin posibilidad de hacer una llamada, ni acceso a agua, ni a su medicación. La llegada a Barcelona supuso otra vulneración más como defensora de los derechos de las personas migrantes, lo que ha supuesto su exilio y, lo más terrible para ella, haber estado separada de su hija menor de edad  durante 32 días.

Desde marzo de 2020, la defensora ha documentado al menos 34 ataques en su contra, que incluyen amenazas, alertas policiales y allanamientos a su domicilio por defender el derecho a la vida de las personas migrantes que cruzan en patera a falta de vías seguras y legales el cementerio más grande del mundo: el Mar Mediterráneo.

Maleno frente a la cadena perpetua

En noviembre de 2017, Marruecos comenzó un proceso contra la defensora por “tráfico de inmigrantes y favorecimiento de la inmigración ilegal”. Poco después, Maleno descubrió que el origen de la investigación eran cuatro dosieres de la Unidad Central de Redes de inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional española y la agencia de control de fronteras Frontex, presionando a las autoridades marroquíes para que abrieran un procedimiento contra Maleno.

La judicialización en Marruecos por sus llamadas a los servicios de rescate cuando hay personas náufragas con riesgo de muerte en el mar era solo la punta del iceberg. Desde 2012, la policía española había estado investigando su actividad, presentando dicha documentación ante la Audiencia Nacional para la apertura de un procedimiento penal, que fue cerrado frente a la ausencia de pruebas que demostrasen que la defensora estaba cometiendo un delito que está en las antípodas de su labor: la defensa del derecho a la vida.

Precisamente la denuncia no solo de las redes de tráfico de personas, sino las «necropolíticas de los Estados miembros de la Unión Europea» han sido líneas prioritarias denunciadas en cada uno de los informes de Caminando Fronteras. No obstante, Maleno fue judicializada en España y, tras el cierre de este caso, la documentación viajó a Marruecos, donde la imputación podría haber supuesto la cadena perpetua para la defensora española.

“España no ha sentado en el banquillo a ningún defensor de derechos humanos”, decía el europarlamentario socialista López Aguilar desde su despacho en Estrasburgo (Francia). “En mi caso, se cooperó para la criminalización de una persona defensora entre Europa y un país tercero, como es Marruecos”, respondía Maleno ante la declaración de López Aguilar, denunciando “la externalización de la criminalización de personas defensoras”.

Helena Maleno (El Ejido, 1970) quería llegar a casa y descansar aquel sábado. Al saber que el viento arreciaba en Tánger, la ciudad donde residía desde hacía 15 años, se proyectaba en el sofá de su salón, descansando junto a su hija tras un viaje de trabajo. Sin embargo, esa expectativa se truncó en el aeropuerto.

El 23 enero de 2021 fue deportada al llegar a Marruecos, forzada a entrar en un avión sin saber su destino, sin posibilidad de hacer una llamada, ni acceso a agua, ni a su medicación. La llegada a Barcelona supuso otra vulneración más como defensora de los derechos de las personas migrantes, lo que ha supuesto su exilio y, lo más terrible para ella, haber estado separada de su hija menor de edad  durante 32 días.

Desde marzo de 2020, la defensora ha documentado al menos 34 ataques en su contra, que incluyen amenazas, alertas policiales y allanamientos a su domicilio por defender el derecho a la vida de las personas migrantes que cruzan en patera a falta de vías seguras y legales el cementerio más grande del mundo: el Mar Mediterráneo.

Campaña de apoyo, como revertir el ambiente tóxico

El nombre de Helena Maleno comenzó a retumbar en la conciencia de la población española el 6 de febrero de 2014. La actuación de las Fuerzas de Seguridad españolas y marroquíes en la denominada como “masacre del Tarajal” fue denunciada abiertamente por el colectivo Caminando Fronteras, del que es fundadora, recabando testimonios de las personas que saltaron al agua, muchas sin saber nada, cuando intentaban llegar a Ceuta (España) en su trayecto migratorio.

Según el informe fruto de esta investigación, al menos 14 muertos, numerosos heridos y varias devoluciones en caliente a Marruecos se produjeron durante ese día en el espigón ceutí. A partir del impacto de esta denuncia pública del colectivo de defensa de los derechos de las personas y comunidades migrantes, los intentos de estigmatizar tanto la labor de la defensora como de su organización han sido continuos.

Ese mismo año sufrió un intento de asesinato que fue proseguido de una campaña de desprestigio en redes sociales, tanto contra ella como contra Caminando Fronteras.

Por esta situación de indefensión, diversos relatores especiales de Naciones Unidas enviaron sendas cartas al Gobierno de España y de Marruecos interesándose por la situación de Helena Maleno, que fueron respondida poco después, tanto por las autoridades españolas como por las marroquíes. En el caso español, la carta de los representantes internacionales señalaba no solo su preocupación por el caso, sino la importancia de clarificar los hechos denunciados.

Esta labor de defensa de los derechos de la población migrante ha conllevado una fuerte estigmatización de la defensora, que ha sido respondida con una red de apoyo offline y online que desborda cualquier intento de criminalización. Por citar un ejemplo, 56 mil cartas llegaron al Ministerio de Interior y de Asuntos Exteriores de España en menos de 36 horas, exigiendo el archivo de la causa judicial en Marruecos.

Además, el hashtag #DefenderAQuienDefiende virtualizó la importancia de defender a quien defiende derechos humamos, también en redes sociales frente al primer ataque masivo que recibió la defensora. Con su judicialización años después, otro hashtag, #DefendiendoAMaleno, se hizo viral al ser suscrito por más de 500 organizaciones y un sinfín de personas lo difundieron en redes.

Maleno frente a la cadena perpetua

En noviembre de 2017, Marruecos comenzó un proceso contra la defensora por “tráfico de inmigrantes y favorecimiento de la inmigración ilegal”. Poco después, Maleno descubrió que el origen de la investigación eran cuatro dosieres de la Unidad Central de Redes de inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional española y la agencia de control de fronteras Frontex, presionando a las autoridades marroquíes para que abrieran un procedimiento contra Maleno.

La judicialización en Marruecos por sus llamadas a los servicios de rescate cuando hay personas náufragas con riesgo de muerte en el mar era solo la punta del iceberg. Desde 2012, la policía española había estado investigando su actividad, presentando dicha documentación ante la Audiencia Nacional para la apertura de un procedimiento penal, que fue cerrado frente a la ausencia de pruebas que demostrasen que la defensora estaba cometiendo un delito que está en las antípodas de su labor: la defensa del derecho a la vida.

Precisamente la denuncia no solo de las redes de tráfico de personas, sino las “necropolíticas de los Estados miembros de la Unión Europea” han sido líneas prioritarias denunciadas en cada uno de los informes de Caminando Fronteras. No obstante, Maleno fue judicializada en España y, tras el cierre de este caso, la documentación viajó a Marruecos, donde la imputación podría haber supuesto la cadena perpetua para la defensora española.

“España no ha sentado en el banquillo a ningún defensor de derechos humanos”, decía el europarlamentario socialista López Aguilar desde su despacho en Estrasburgo (Francia). “En mi caso, se cooperó para la criminalización de una persona defensora entre Europa y un país tercero, como es Marruecos”, respondía Maleno ante la declaración de López Aguilar, denunciando “la externalización de la criminalización de personas defensoras”.

Misoginia y lesbofobia

Los dosieres de la UCRIF indagaban en la vida privada de la defensora: con quién se acostaba, quiénes eran sus amigos, dónde se movía eran solo algunas de las informaciones a las que Helena Maleno tuvo acceso solo durante la vista judicial y visibilizó en su libro publicado en 2020 Mujer de Frontera. Defender el derecho a la vida no es un delito.

En ellos, el componente de género era muy fuerte, condenando no solo sus relaciones sexo-afectivas, sino relacionándolas con comportamientos que tenían que ver directamente con sus funciones como defensora de las personas migrantes.

Según las denuncias de organizaciones de derechos humanos como la OMTC, “la policía española solicitaba a Marruecos en los expedientes enviados al país, que aplicase contra Helena Maleno la pena máxima, es decir, cadena perpetua según la normativa marroquí”.

El 11 de marzo de 2019 el Tribunal de Tánger archivó la causa, reconociendo la labor legítima de defensa de los derechos humanos que llevaba a cabo Helena Maleno. Casi dos años después, la persecución policial continúa, materializándose en enero de 2021 con una deportación violenta, denunciada por diversas organizaciones y con una carta al Presidente el Gobierno de España exigiendo #JusticiaParaHelenaMaleno, suscrita por 700 organizaciones.

Vivir en el exilio es difícil para esta defensora. “Al principio fue horrible porque temíamos por mi hija, que aún estaba en Marruecos y que tuvo que salir del país acompañada de una amiga y con la asistencia de la Embajada de España en Marruecos”, recuerda Maleno.

Los 32 días que estuvo alejada de la menor fueron una de las experiencias más traumáticas de su vida. Conscientes de que su hija de 15 años estaba sufriendo seguimientos policiales en Marruecos, la defensora no esconde que “teníamos miedo a que sufriera alguna situación de violencia por parte de Marruecos. Finalmente pudimos sacarla con acompañamiento consultar, sus dos animales y una maletita pequeña, pensando siempre que iba a volver a su casa”.

De Helena a Samantha

“En esa persecución sistemática está la deriva europea de la persecución de la solidaridad, del apoyo mutuo, de la resistencia…”, reconoce la defensora, que recalca cómo judicializar a las personas defensoras es solo una estrategia más para criminalizar las migraciones y el refugio: “Hay que entender que las primeras defensoras de los derechos de las personas migrantes son los propios migrantes”, concluye.

Antes de la entrevista, nos reunimos con Helena Maleno y con otra integrante de Caminando Fronteras en la sede de varias organizaciones en el centro de la ciudad donde ahora reside. Tras compartir diferente información, llama por teléfono. Del otro lado de la línea responde en francés un hombre.

Tras una presentación escueta, Helena confirma quién es la persona que se encuentra desaparecida en la patera. “¿Sois vosotros los que estáis buscando la embarcación?”, pregunta, sujetándose la cabeza con la mano derecha. “¿Vuestra… vuestra hija?”, atina a decir mientras su interlocutor continúa el relato. “Samatha. ¿Es Samatha la que está en la embarcación?” Poco después, el familiar revela que Samatha viajaba con su bebé. Y, tras la confirmación, las peores noticias:

“Los servicios de rescate españoles y marroquíes han sido informados sobre esta embarcación y la están buscando”, describe mientras hace un ligero gesto de negación con la cabeza: “por el momento está desaparecida”.

La vida de Samantha y su bebe, así como la de las más de 4000 personas desaparecidas en la Frontera Sur española se funden con varias palabras de aliento en una conversación telefónica que termina con un silencio atronador.